MÉXICO .- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos califica de "preocupante" el nivel de impunidad en torno a la trata de personas en el país.
Pone como ejemplo que en el bienio 2009-2010 se iniciaron 280 investigaciones en las procuradurías estatales y en la General de la República, pero sólo se obtuvieron 14 sentencias condenatorias.
Fernando Batista Jiménez, quinto visitador del organismo, dijo que "es muy preocupante la impunidad que hay frente a las expresiones de esclavitud moderna, donde los seres humanos son tratados como mercancía, con fines de explotación sexual o laboral, vulnerando todos sus derechos". La falta de un combate eficaz, añadió, ha ocasionado, por ejemplo, que en el país 16,000 niños sean esclavos con fines de explotación sexual.
Batista Jiménez recordó que después del tráfico de drogas y armas, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para el crimen organizado, pues se calcula que genera ganancias de 32,000 millones de dólares anuales en todo el mundo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Batista Jiménez adelantó que la CNDH, a través de la visitaduría a su cargo, elabora un informe especial sobre las condiciones que imperan en México respecto a la trata de personas, en el que incluso se identificarán las zonas de riesgo, como los centros turísticos donde se explota sexualmente a menores.
El visitador advirtió que "hay serias deficiencias en el sistema jurídico cuando ni siquiera existe homologación del delito en el país". En su investigación, la CNDH ha detectado que no en todos los estados se tienen previstas sanciones para las diversas modalidades de trata: mientras que en una entidad puede castigarse con seis años de cárcel, en otra puede llegar a 18 años, y algunos no sancionan el promover la trata o facilitarla.
Por su parte, la Cámara de Diputados pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la presunta red internacional de tratantes de personas que opera en la ruta Buenos Aires-Cancún, misma que estaría encabezada por el empresario y ex espía argentino Raúl Martins Coggiolo.
La panista Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, promovió el punto de acuerdo para que, además, el Instituto Nacional de Migración y los gobiernos de Campeche y Quintana Roo actúen en el caso denunciado por Lorena Martins, hija del presunto responsable.
Que "investiguen la naturaleza y legalidad de los giros denominados The One, Maxim y Mix Sky Lounge ubicados en la zona turística de Cancún y en Playa del Carmen, Quintana Roo, así como en Campeche, por ser lugares donde presumiblemente se llevan a cabo actividades de trata de personas".
La Cámara documentó que en México hay "por lo menos 47 redes delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de 800,000 adultos y 20,000 niños, según la Red Nacional de Refugios".