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MÉXICO .- Pemex puso en marcha una operación en gasolineras contra la venta de gasolina y diésel robado en los ductos y en las terminales de almacenamiento de la paraestatal.

Apoyado por instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) esta operación pretende combatir el mercado ilícito de hidrocarburos.

Los trabajos son básicamente de supervisión para evitar la distribución de combustible robado así como validar la correcta operación de las estaciones franquiciatarias.

La acción conjunta incluye los esfuerzos del Grupo Interinstitucional de Combate al Robo de Combustible, integrado por Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pemex Refinación hará un programa de inspección con el fin de garantizar que la calidad de los combustibles que se venden al público cumpla con las especificaciones técnicas por medio de los laboratorios móviles de la paraestatal, los cuales permitirán la detección de desviaciones en su calidad y octanaje. Los operativos se iniciaron en Monterrey luego de la denuncia presentada por personal de Pemex ante la Procuraduría General de la República en Nuevo León.El agente del Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC/271/D/2012, por delito equiparable al robo de hidrocarburos, con el fin de efectuar las diligencias necesarias y continuar recabando más elementos de prueba.

En las operaciones, que comenzaron en Monterrey, se aplicará por primera vez la reforma penal en delitos relacionados con el comercio ilícito de combustibles.

Ahora, el Código Penal Federal establece penas de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quienes posean y resguarden de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o derivados en una cantidad hasta 300 litros.

Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros y menor a mil, se impondrán penas de prisión de dos a cuatro años y de 500 a mil días de multa, y para el caso de que exceda de mil litros se podrán hacer acreedores a una pena de cuatro a diez años y de mil a doce mil días de multa. Asimismo, se prevén castigos de tres a diez años de prisión a quien dolosamente altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar los hidrocarburos o sus derivados. La reforma aprobada faculta al Ministerio Público para que se encargue de vigilar el aseguramiento del hidrocarburo sustraído y su posterior entrega a la paraestatal. Con estas acciones, el gobierno federal reitera su compromiso de utilizar los instrumentos jurídicos a su alcance para combatir a la delincuencia.