El presidente de Ecuador, Rafael Correa, emprende una implacable campaña contra la libertad de expresión, en la que hostiga a sus críticos, saca del aire a las transmisoras independientes y secuestra los tribunales de la nación en su intento por llevar a la quiebra al periódico más grande del país.

 

 

 

Luego de que Emilio Palacio, editor de opinión de “El Universo”, escribió una columna en la que acusó a Correa de ordenar al ejército que abriera fuego en un hospital durante un protesta policíaca, el presidente presentó una denuncia penal contra el editorialista y tres de los directores del periódico por “difamación agravada de un funcionario público”. 

 

 

 

A pesar de escandalosas irregularidades —el caso fue decidido finalmente por un “magistrado temporal” quien, de acuerdo con un análisis forense independiente, bien pudo ceder la tarea de escribir su fallo al abogado del presidente— un  tribunal de apelaciones ratificó la condena al pago de 40 millones de dólares al presidente, además de tres años de cárcel para Palacio y los  tres directivos.

 

 

 

   Con miras a la elección presidencial del año próximo, en la cual probablemente participe, Correa también ha impulsado una ley que prohibiría a los medios informativos, ya sea “en forma directa o indirecta, promover a cualquier candidato, propuestas, opciones, preferencias electorales o tesis políticas a través de artículos, especiales u otras formas de mensaje”.

 

 

 

El asalto de Correa contra la prensa ha recibido justas críticas de la relatoría especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ahora, él intenta silenciar a la relatoría. El mes pasado su gobierno presentó a la OEA una recomendación para “mejorar” la relatoría especial, al reducir su financiamiento, limitar el alcance de sus reportes anuales e imponerle un código de conducta para restringir su independencia.

 

 

 

Estados Unidos y otros se dieron cuenta tardíamente de lo que tramaba Correa. En diciembre, la OEA adoptó un amplio reporte final sobre el sistema de monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluyó algunas de las recomendaciones. Cuando los embajadores de la OEA se reúnan en Washington esta semana,  deben hacer todo lo que pueden —hay margen de maniobra— para proteger el financiamiento e independencia de la relatoría.

 

 

 

Predeciblemente, Correa encubre sus maniobras con retórica populista. “Cuando liberamos a nuestros estados de los poderes de facto que siempre los han dominado —como el poder de información— esos poderes de facto nos acusan”, afirmó en un discurso ante líderes latinoamericanos en diciembre. No hay duda de que su asalto a la prensa libre es un asalto a la democracia.

 

 

 

América Latina tiene una amarga historia de gobiernos autoritarios. Ha luchado duro para dejar atrás esos días. Todos los líderes democráticos del continente, incluido el presidente Barack Obama, necesitan hacer retroceder a Correa.— Nueva York

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